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Estudio Sobre la Formación para el Empleo para Resolver Deficiencias en el Sector

El actual Ministro de Trabajo participó el año pasado en un estudio sobre la Formación para el Empleo donde se presentaban unas propuestas novedosas e interesantes para resolver deficiencias en el sector.
Uno de los puntos trataba sobre las medidas para aumentar el número de trabajadores formados y en especial los de empresas pymes. Además de favorecer la inversión privada en formación, tanto de las empresas a través de un mejor tratamiento fiscal en el Impuesto de Sociedades, como de los trabajadores y autónomos a través del IRPF. Se utilizaba un término novedoso como el copago entre financiación privada de las empresas y financiación pública.
En general, en España se forman cada año un 32% de los trabajadores, lo que corresponde a un 50% a los porcentajes de la media europea.
En 2011 se destinarán más 2.000 millones de euros a la formación de trabajadores, tanto ocupados como desempleados, y de ellos más de la mitad son gestionados por la Fundación Tripartita. Los agentes sociales gestionarán unos 750 millones de euros del presupuesto de la formación en 2011 para organizar o adjudicar a terceros -empresas de formación- los cursos para los trabajadores. Pero la mayoría de la Entidades Organizadoras y Asociaciones del sector consideran que el sistema es ineficaz, y sometidos a los criterios arbitrarios de los agentes sociales.
Una de las propuestas de un buen número de profesionales del sector de la formación (entre ellos el actual Ministro Valeriano Gómez) consiste en desvincular a los sindicatos y patronales de la gestión de estos fondos. Algo que ya sucede en Francia, donde los agentes sociales tienen muy limitado la gestión de estos fondos.
Según indica Expansión, los planes son que la propia Administración asigne los fondos a las empresas de formación que directamente imparten los cursos, entre las que, no obstante, pueden competir también los agentes sociales que hasta ahora venían impartiendo esta formación. Otra pieza clave de la reforma es establecer los mecanismos de medición y evaluación que ahora no existen para comprobar la eficacia de los cursos: Si los parados consiguen trabajo y si los ocupados mejoran su empleabilidad o logran una mejora en su actual puesto.
Estos resultados serían clave para la asignación de más o menos recursos a unas firmas u otras, y para su distribución en los años siguientes. Además, los planes pasan por reducir el precio de los cursos y disminuir también su número de horas, con la meta de llegar a más trabajadores con la misma o menor inversión, en una época como esta, marcada por las restricciones presupuestarias.


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